Más de 200 millones de niños trabajan para sobrevivir

Cerca de 250 millones de niños en todo el mundo se ven obligados a trabajar para poder subsistir, según han denunciado numerosas organizaciones sociales y sindicales en el Día Mundial cotra el trabajo infantil.

Concretamente en España, el sindicato UGT afirma que el paro, los recortes y las caídas de la renta están agravando la situación de los ciudadanos y los niños están sufriendo las consecuencias directamente. De hecho, la cara de la pobreza la protagonizan los menores en España, que han desbancado a los ancianos como el colectivo más pobre. Alertan también de que la pobreza infantil ha crecido un 10% en tan sólo dos años.

En esta línea, han querido insistir en la relación que existe entre pobreza y trabajo infantil, pues son las familias con menos recursos en las que se instala el trabajo infantil por necesidad, que además puede conllevar al abandono escolar.

Desde este sindicato se han reclamado medidas a favor del empleo y que permitan conservar el Estado de Bienestar para garantizar una vida más digna y derechos sociales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y una renta mínima adecuada.

Además, señalan que otros de los factores que han potenciado la pobreza han sido los nuevos gastos que han tenido que afrontar las familias provenientes de impuestos directos e indirectos que menguan la renta de las familias y repercute en el gasto de los hogares destinados a cubrir la alimentación infantil.

Creen que esta disminución en la renta provoca una compra de alimentos de peor calidad por lapresión de la hipoteca, ya que el impago de esta conlleva el riesgo de perder el hogar familiar.

Las organizaciones reclaman "mayores esfuerzos económicos y políticos"

Muchas organizaciones, como Mundo Coperante, han asumido las revindicaciones contra el trabajo infanti de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como propias para proteger los derechos de los niños y luchar por la erradicación de esta desigualdad. 

Según Mundo Cooperante, cerca de 215 millones de niños trabajan en lugar de recibir educación, por lo que no tiene la oportunidad de acceder a un trabajo "decente" en su vida adulta. También solicitan "mayores esfuerzo económicos y mayor voluntad política" para lograr el objetivo primero de la OIT que pretende erradicar, por lo menos, las peores formas de trabajo y la explotación infantil, para 2016.

La concentración de Jubilados coincide con el final de la de Estudiantes y crea una movilización intergeneracional

La concentración que hoy ha celebrado la Unión de Jubilados de UGT, frente a la Delegación del Gobierno y en contra del copago sanitario, ha coincidido con el final de la manifestación de estudiantes y ha permitido una fusión de generaciones al grito de 'La sanidad no es un negocio'.

LOGROÑO, 22 (EUROPA PRESS)

La concentración que hoy ha celebrado la Unión de Jubilados de UGT, frente a la Delegación del Gobierno y en contra del copago sanitario, ha coincidido con el final de la manifestación de estudiantes y ha permitido una fusión de generaciones al grito de 'La sanidad no es un negocio'.

El secretario general de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT La Rioja (UPJP), Miguel Iribarren, ha asegurado, ante la movilización intergeneracional improvisada: "todos estamos pagando la misma crisis". "Me parece fenomenal que nos juntemos los abuelos con los nietos, para que vayan aprendiendo que nosotros también estamos luchando por ellos", ha señalado.

La concentración de la Unión de Jubilados estaba prevista para las 12:00 horas frente a la Delegación del Gobierno. Minutos antes, llegaba a este mismo punto la manifestación de estudiantes (que había partido pasadas las 11:00 del Ayuntamiento) y, al encontrarse, los más jóvenes han emitido sonidos de apoyo a la pancarta de los más mayores, en la que se leía 'No al copago de los medicamentos'.

Ambas generaciones se han apoyado en la lectura de los manifiestos y, al leer el de los jubilados, los estudiantes han coreado su consiga 'No al copago de los medicamentos' y le han añadido la de 'la Sanidad no es un negocio'.

Después, en declaraciones a los medios de comunicación, Iribarren ha señalado: "nosotros tuvimos la Enseñanza mala, pero ahora la están poniendo peor todavía". Y ha añadido: "quieren que estudien sólo los hijos de papá, como antes".

A su juicio, "siempre pagan los obreros, los ricos siempre se libran de todo". En La Rioja, además, "hay una diferencia" con las comunidades limítrofes, como "Navarra y el País Vasco" de casi 200 euros. "La mayoría de las pensiones son de 664 euros", ha dicho.

"Además, todos tenemos que apoyar a nuestros hijos, queramos o no, porque están pagando una hipoteca, o se tienen que quedar en casa porque no tienen trabajo", ha explicado.

Con respecto al copago, ha considerado que es "mentira" que el coste vaya a ser de ocho euros al mes, y ha temido que se tengan que pagar el uso de las ambulancias o las operaciones de prótesis de cadera

UPyD León asegura que los recortes en educación abocan a complicadas situaciones en poblaciones rurales de la provincia

Los recortes presupuestarios de la Junta de Castilla y León en materia de Educación, parece que se basan en un simple estudio estadístico y cuantitativo sin tener la más mínima consideración hacia el verdadero mapa de distribución de la población en una Comunidad Autónoma mayoritariamente rural, y en una provincia tan extensa como León.
 
A raíz de estos recortes, se van a cerrar escuelas rurales, cursos de la ESO en algunos municipios y el programa de madrugadores en centros rurales pequeños. Esto provocará que alumnos de poblaciones separadas 120 km, con carreteras de montaña peligrosas, sobre todo en invierno, deban desplazarse de una localidad a otra. Es el caso de Riaño y pueblos limítrofes que tendrán que desplazarse a Cistierna. Y todo ello argumentando que en los centros rurales, recibirían menos horas de clase de lo estipulado. Es decir, la excusa es mejorar la calidad educativa.
 
Para la Coordinadora de UPyD León, Ana Carlota Amigo, estas medidas, al contrario de lo que “vende” la Junta van a tener como consecuencia una disminución de la calidad del sistema educativo. En primer lugar, considera: “no es de recibo que alumnos de 12 años, por culpa de una ratio mínima de 10 alumnos por curso, deban vivir toda la semana en una población, que no es la suya, lejos de su ambiente familiar y de su entorno. A esas edades, todavía siguen siendo niños de muy corta edad, lo que les generará mayor tensión y estrés, afectando esto a su rendimiento académico”. En segundo lugar, añade: “se saturarán los I.E.S. y se producirá, paulatinamente una despoblación de las zonas rurales”
 
Si las necesidades educativas curriculares exigen mayor número de horas, la gestión de la administración debe ser lo suficientemente sensible como para suplir esas deficiencias, recortando de otras muchas partidas prescindibles que equilibrasen las cuentas. Tal como señala Ana Carlota Amigo, la administración regional, si bien tiene que aplicar criterios de eficacia en la gestión, también tiene que evitar, por encima de todo, mayores perjuicios para el ciudadano. La población rural ya cuenta de por sí con suficientes dificultades como para agravarlas con medidas de este tipo y más tratándose de un “material tan sensible” como son los niños. 
 
Por último, UPyD León lamenta profundamente que el ministro de Educación muestre tanta desconsideración hacia los ciudadanos al afirmar en su reunión con el presidente de la Comunidad y el Consejero de educación que: “hay que ser realistas y considerar que esto es un Gobierno y no un proyecto de ingeniería social, no le vamos a decir a la gente dónde tiene que vivir” Según la formación magenta, tales declaraciones muestran un total desconocimiento de la realidad social de la provincia de León, y un ejercicio de soberbia inaceptable en un ministro de España.

Discapacidad. Icv pregunta por el daño de los recortes en el empleo de las personas con discapacidad

El portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, Joan Coscubiela, quiere saber si “es consciente el Gobierno de que los recortes en políticas activas de empleo están afectando negativamente a la personas con discapacidad”.
Así consta en una pregunta a la que tuvo acceso Servimedia y que Coscubiela ha presentado, a través de su grupo parlamentario, IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, para que se la respondan en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados. 
Esta no es la única iniciativa que ICV ha presentado en defensa del empleo de las personas con discapacidad. Recientemente, Coscubiela y la diputada Laia Ortiz presentaron una proposición no de ley sobre políticas activas dirigidas a este segmento de la población. 
En la iniciativa se insta al Gobierno, entre otras cosas, a “eliminar la congelación de las subvenciones para la creación de nuevos puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa social”. 
También propone “restablecer la partida en los Presupuestos Generales del Estado destinada a políticas activas de personas con discapacidad y personas con trastorno mental que permita la continuidad de los servicios de inserción laboral en la empresa ordinaria, con instrumentos como el empleo con apoyo, y de los CEE”. 
Tampoco es la primera vez que desde ICV se expresa la preocupación por la situación en que quedan las personas con discapacidad en un año protagonizado por la crisis y los recortes que está llevando a cabo el Gobierno. 
En la semana en que se debatieron los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, Coscubiela advirtió que las personas con discapacidad que se encuentran en el paro iban a ser “las grandes víctimas” de las cuentas públicas del Estado diseñadas para 2012. 
“Van a dejar sin ningún tipo de cobertura ni posibilidad a los colectivos de parados que están en peores condiciones, especialmente las personas en riesgo de exclusión, los discapacitados”, dijo entonces.

Los 11.500 empleados de Grupo Norte decidirán los programas de acción social de la Fundación

La Fundación Grupo Norte ha decidido que sean los 11.500 empleados del Grupo quienes decidan a qué proyectos solidarios se debe destinar su acción social después de una década dedicada a la atención a los colectivos desfavorecidos.

VALLADOLID, 18 (EUROPA PRESS)

La entidad, según confirmaron a Europa Press fuentes del grupo, ha convocado el I Concurso de Proyectos Solidarios que permitirá a los trabajadores de la compañía presentar sus propuestas hasta el próximo 22 de junio con una ayuda global que alcanzará los 40.000 euros.

Una Comisión de Acción Social seleccionará tres proyectos de todos los enviados y en una última fase serán de nuevo los empleados quienes mediante votación elegirán la iniciativa a la que se le debe prestar apoyo durante este 2012.

Las bases, que se han distribuido internamente a través del Portal del Empleado y junto a la nómina, establecen que los proyectos deberán realizarse en un plazo máximo de dos años y estarán vinculados a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su acción en el ámbito del territorio español.

Tendrán preferencia aquellas iniciativas dirigidas a la atención y asistencia social a personas con discapacidad, de la tercera edad, menores y en general los colectivos en situación de exclusión o desamparo, desfavorecidos o dos desprotegidos por cualquier causa.

La Fundación Grupo Norte, además de efectuar la aportación económica que se determine, se compromete a difundir el proyecto, promoviendo campañas de sensibilización y apoyo financiero entre los empleados de Grupo Norte y sus proveedores.

Igualmente, difundirá, promoverá y facilitará a sus empleados las colaboraciones personales que apoyen el proyecto.

COLABORACIÓN "ACTIVA"

El presidente de la Fundación Grupo Norte, Javier Ojeda, ha explicado que el objetivo de este programa, en el que los profesionales de las diferentes empresas de Grupo Norte pueden colaborar activamente con sus iniciativas, nace "con el fin de canalizar el espíritu solidario que impregna cada actuación de la entidad desde su nacimiento en el año 2001".

"Son ellos y sólo ellos quienes a partir de este momento tienen en su mano el poder de decisión real sobre los proyectos sociales a los que dirigir nuestra colaboración y contribuir a la mejora de nuestra sociedad", ha destacado.

Además del proyecto que plantearán los propios trabajadores, la Fundación Grupo Norte mantiene abiertas líneas de colaboración con diferentes colectivos, frecuentemente marginados, mediante ayudas asistenciales en algunos casos, y de promoción, capacitación e integración social en otros.

En su conjunto, la entidad promueve acciones en este momento que benefician directamente a más de 1.700 usuarios.

Por un lado, y dentro del ámbito de la Asistencia Social y Sanitaria, desde el año 2001 se colabora con el Banco de Alimentos de Valladolid, "apoyando la labor que desarrolla gestionando las donaciones de alimentos procedentes de personas físicas y de entidades públicas y privadas", y también se trabaja con las congregaciones religiosas, dentro de residencias y enfermerías que contribuyen a la mejora de la calidad de vida en la atención a las personas dependientes.

En el ámbito de la Discapacidad destacan las actuaciones encaminadas al apoyo y divulgación de la integración y normalización del colectivo y en el terreno deportivo y a través de los convenios de colaboración firmados durante las últimas nueve temporadas, la Fundación Grupo Norte es el Patrocinador Oficial del equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas de Valladolid (BSR).

En el campo cultural se patrocina, también desde hace nueve años, el Concurso de Fotografía 'Las personas con discapacidad en la vida cotidiana', organizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO).

Los niños sufren violencia oculta en España, según Save the Children

La ong Save the Children ha denunciado la violencia que sufren muchos niños en España y que se trata de una realidad "oculta y poco documentada" que transciende sólo cuando los malos tratos son detectados por los servicios sociales.

Esta organización, especializada en la protección de los derechos de la infancia, ha hecho público un informe en el que recopila numerosos casos de maltrato contra niños.

La ong reclama ante esta situación la elaboración y aprobación de una ley integral para combatir la violencia contra la infancia que identifique las distintas formas de violencia, que promueva políticas de prevención y que prohíba el castigo físico en el Código Civil.

Durante 2009, último año del que se tienen datos, se abrieron en España cerca de 38.400 expedientes de protección de menores de edad en casos de riesgo y desamparo, según esta ong, que ha observado no obstante que la recogida de datos es "incompleta y fragmentaria" en las distintas comunidades autónomas.

Mantiene Save the Children que esas cifras no reflejan todas las formas de violencia contra la infancia y sólo se refieren a casos detectados y denunciados.

La forma más común de violencia contra los niños en España es la desatención y la negligencia -el 78% de los casos de maltrato notificados-, seguida por los casos de violencia física o mental y de violencia sexual, señala el informe.

Save the Children ha denunciado que no existen ni investigaciones ni mecanismos de recogida de datos oficiales, ni una definición única y consensuada sobre violencia contra los niños, y que los mecanismos de denuncia no resultan accesibles a los menores.

La principal norma jurídica que regula la protección de los menores de edad en España es la Ley orgánica de protección del menor, de 1996, pero esta ong considera que la sociedad ha sufrido desde entonces importantes cambios "para los que la ley no es adecuada o suficiente" y que esta norma no da respuesta a todas las formas de violencia contra la infancia.

Save the Children ha observado además que las "carencias" del sistema de protección de la infancia en España fueron detectadas y destacadas por Naciones Unidas a través de su Comité sobre los derechos del niño, que en su último informe recomendaba a España aprobar una ley integral sobre la violencia contra los niños.

"La violencia contra los niños y las niñas es una violación grave de los derechos humanos que requiere una respuesta inmediata y decidida por parte de los poderes públicos en España", ha señalado Yolanda Román, responsable de incidencia política de Save the Children.

Según datos de Naciones Unidas recopilados por Save the Children, sólo un 2,4 por ciento de los niños en el mundo están protegidos jurídicamente contra el castigo físico y humillante.

El informe refleja numerosos datos: que la mayoría de los actos violentos contra los niños son cometidos por personas cercanas, como padres, parejas o compañeros de clase; que más del 80 por ciento de los niños del mundo ha sido víctima de violencia a través de castigos físicos o humillantes, o que el 20 por ciento de las mujeres y el 10 por ciento de los hombres son víctimas en el mundo de abusos sexuales durante la infancia.

Recuerda además el informe que 5,7 millones de niños trabajan en condiciones de "esclavitud o servidumbre" en el mundo, según la Organización internacional del trabajo; o que hasta el 65 por ciento de los niños en edad escolar dijeron que habían sido intimidados verbal o físicamente en su escuela en los treinta días anteriores a ser preguntados para la realización de la Encuesta Global de Salud en la Escuela.

Además, según datos de Naciones Unidas recogidos también en el informe, 1,8 millones de niños son explotados en la prostitución y la pornografía y 1,2 millones son víctimas de las redes criminales de trata en todo el mundo.

Lo que hay que oír...

París y Berlín quieren asumir el control del cierre de fronteras

Francia y Alemania mandan una carta a la Unión en la que se niegan a ceder a Bruselas soberanía sobre los controles fronterizos.

Alemania y Francia han lanzado en las últimas horas una nueva andanada sobre el cierre de fronteras, la suspensión del espacio Schengen, uno de los grandes logros de la Unión en los últimos 25 años. El cierre de fronteras en Europa es ahora una medida que se aplica en circunstancias excepcionales, y que requiere el visto bueno de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE. París y Berlín quieren que esa medida sea mucho más fácil de tomar y, sobre todo, que sea una decisión soberana de los Gobiernos que quieran aplicarla: menos poder para Bruselas. Alemania y Francia (tal vez en este caso puede que el orden sea Francia y Alemania, por la cercanía de las elecciones presidenciales francesas y la necesidad imperiosa de Nicolas Sarkozy de dar un vuelco a las encuestas) acaban de enviar una carta a la presidencia danesa, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que reclaman una “suspensión temporal” de un máximo de 30 días en caso de que algún país del espacio Schengen “no consiga controlar un flujo masivo de inmigrantes", o en casos de amenazas de seguridad y de orden público.

Las amenazas de seguridad y de orden público corresponden a la “soberanía nacional”, según la misiva. Ese es un punto “no negociable”, según los Gobiernos alemán y francés. Hasta ahora, cuando un país quería cerrar una frontera debía informar previamente a la Comisión Europea, bajo unos supuestos muy tasados. Los dos grandes países de Europa, según fuentes de Bruselas, quieren ahora que el visto bueno lo dé el Consejo --es decir, los propios Estados--, en un paso más hacia la deriva intergubernamental que han puesto de manifiesto París y Berlín en toda la crisis del euro. Y quieren también que las causas del cierre fronterizo sean muchas más difusas para que sean los Gobiernos quienes tomen esa decisión sin excesivas limitaciones normativas, según las mismas fuentes.París y Berlín dan así un puñetazo en la mesa ante las pretensiones de la Comisión Europea de tener la última palabra en esos casos. El debate sobre Schengen llegará a Bruselas en una reunión de los ministros de Justicia e Interior tras las elecciones francesas, en junio. Pero Alemania y Francia han dado ya un paso adelante para clarificar la dirección que están tomando las negociaciones, lideradas por la presidencia danesa.

La Comisión Europea quería tener la posibilidad de tener la última palabra en el cierre de fronteras. Está de acuerdo en dar 30 días a los países para que sea posible restablecer los controles fronterizos –hasta un máximo de seis meses— en caso de acontecimientos inesperados, pero Bruselas propuso en noviembre de 2011 que sea la Comisión quien sea siempre la encargada de dar luz verde a esa medida. Con las negociaciones abiertas sobre Los ministros del Interior de Francia, Claude Guéant, y de Alemania, Hans Peter Friedrich, dificultan así esa pretensión. En primavera del año pasado Francia, esta vez junto con Italia, reclamó un mecanismo parecido ante la entrada masiva de inmigrantes por la primavera árabe. Y tras las propuestas de la Comisión, Francia, España y Alemania ya suscribieron un comunicado en contra de la posibilidad de que Bruselas se hiciera con una competencia. La carta francogermana viene a reforzar esa posición. Pero en campaña Sarkozy no ha dejado de utilizar ese flanco: a principios de marzo propuso algo parecido en un mitin sonado y Le Figaro llegó a titular que la pretensión de Sarkozy era “acabar con la Europa del colador”, en lo que en su día parecía un guiño a la extrema derecha de Le Pen. La jugada de la diplomacia francesa recuerda sospechosamente a ese momento de la campaña.

La crisis tiene estas cosas. Países que renacionalizan empresas (Argentina), otros que cierran sus fronteras a los trabajadores del Este (Suiza), ahora este debate sobre el área Schengen. La zona Schegen está formada por 26 países: los de la Unión (excepto Reino Unido, Irlanda, Chipre, Bulgaria y Rumania) más cuatro extracomunitarios (Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza). Firmado en 1985, permite a unos 400 millones de personas circular libremente por Europa. Por primera vez en 25 años, la pasada primavera varios Estados miembros del espacio Schengen propusieron modificar las normas que permiten a los países restaurar el control fronterizo y recibieron un apoyo (matizado) de la Comisión, que quería la última palabra. La debilidad de la Comisión entonces, dando por válida la petición de Italia y Francia, ha dejado abierta la puerta a movimientos como los que ahora ponen en marcha Francia y Alemania, pese a que los analistas consideran que es poco probable que las normas que regulan el espacio Schengen se alteren sustancialmente, ya que el número de inmigrantes llegados no justifica cambios que perjudicarían a todos los europeos haciendo más lento y pesado el cuce de fronteras, y podría toparse con la oposición del Parlamento.

Claudia Pérez. 19 de Abril de 2012.

El País.

El PP impedirá la regularización de inmigrantes por arraigo social

Los populares no legalizarán la situación de extranjeros que lleven tres años residiendo en España.

Un inmigrante en un taller de escultura en piedra. / EUROPA PRESS

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Los inmigrantes que llevan tres años viviendo en España tienen opción a regularizar su situación. Con el PP en el poder, no podrán hacerlo si su situación en el país era ilegal, por más que, como permite ahora la ley, puedan acreditar su arraigo social, tras residir tres años, y tengan un contrato de trabajo en el momento de solicitar legalizar su estancia.

El portavoz del PP en temas de inmigración, Rafael Hernando, concretó ayer algunas de las medidas que tiene pensado aprobar su partido cuando se forme el nuevo Gobierno, mediante la reforma de los artículos 123 a 130 del Reglamento, en vigor desde el pasado junio, que desarrolla la Ley de Extranjería, de 2009. "El arraigo ha favorecido la inmigración ilegal y solo debería existir como sistema excepcional", afirma Hernando. "Hay que limitarlo para intentar desincentivar la inmigración irregular e incentivar la circular, el retorno con posibilidad de volver". Solo en algunos casos "muy excepcionales, que se establecerán de acuerdo con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos", se mantendrá esta posibilidad.

Al arraigo social se accede básicamente tras permanecer irregular tres años en España y acreditar que se ha logrado un empleo por al menos un año, y al laboral, si se llevan dos años de forma ilegal y se demuestra que se lleva uno trabajando. Desde 2006, la cantidad de personas que han logrado la permanencia por arraigo social o laboral (aunque el segundo es muy minoritario) se fue incrementando de forma considerable (7.427, ese año; 30.231, en 2007; 66.200, en 2008, y 82.300, en 2009), hasta que empezó a hacer mella la crisis económica. El pasado año bajaron a 65.676 y este van, a 30 de junio, 70.684.

En cambio, los populares, aunque reconocen la reducción de la irregularidad, consideran que "medidas como el arraigo, la regularización de 2005 o la reagrupación familiar han favorecido la llegada de ilegales", resalta Hernando. "No puede ser que se regule a 70.000 personas por arraigo cuando no hay empleo en el país", añade.Como factores, a la crisis se une la reducción del número de personas irregulares que llegan a España debido, según los socialistas, a las medidas adoptadas por el Gobierno, "como la obligación de entrar con un contrato de trabajo, los acuerdos con los países de origen de inmigrantes y la bajada del número de llegadas en patera hasta alrededor de un centenar de personas al año", según resaltan fuentes del Ejecutivo.

Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui, pide al PP que "respete la normativa actual". Espera que la consulta que Hernando ha prometido hacer con las comunidades autónomas le haga cambiar de opinión, porque, asegura, "por suerte dentro del PP hay corrientes sociales y progresistas, siempre pegados a la norma y a la Ley", como la propia asociación. "Lo que corresponde es pensar en las personas que están viviendo en España y no tienen documentos -calcula que pueden ser entre 600.000 y 700.000, aunque otras estadísticas apuntan a un millón-, y se mantengan los arraigos social y laboral", apunta Paspuel. Como señala, son muchos los inmigrantes que están trabajando y contribuyendo a sacar a España de la crisis, y otros, han perdido precisamente sus papeles por culpa de la situación económica. “Pedimos que se tenga cuidado y no se intenten lanzar unas afirmaciones que desestabilizan la sociedad y a la inmigración”.

"Esperamos que el país empiece a tener una estabilidad económica, y cuando empiece a crecer, necesitará mano de obra", apunta Paspuel. Recuerda, además, que parte del crecimiento económico que vivió España se debió en parte al trabajo de los inmigrantes, y que "según Naciones Unidas e informes hechos por la UE, en Europa harán falta 40 millones de inmigrantes para garantizar su sistema de bienestar".

En la misma linea se ha pronunciado el responsable económico de laFederación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados(FERINE), Gilberto Torres Martínez, que se muestra "perplejo" por el anuncio, aunque admite que lo veían venir. Para Torres, esta medida sería "una violación más de los derechos fundamentales de los inmigrantes" y un error, porque "en lugar de buscar una integración, por el contrario, con este tipo de política se ahonda más en el sufrimiento y en la situación del emigrante que por razones muy personales y por la situación económica, social y política en el país de origen, han tenido que venir a España". "Lo más preocupante es que se coarte el derecho para poder tener una estancia permanente en España desde la figura del arraigo", subraya, lo cual impide al emigrante "tener un documento que le acredite como parte de la población". Recuerda, como Paspuel, que la regularización de inmigrantes en 2005 "contribuyó significativamente, con sus pagos a la Seguridad Social y Hacienda, a que hubiera una economía más solvente en ese momento".

Inmigración circular

El Gobierno de Mariano Rajoy "vinculará la inmigración al empleo" y facilitará la entrada, asegura Hernando, de quienes vienen a buscar un empleo o quienes firmen un contrato en origen, al tiempo que garantizará su retorno a sus países de orígenes cuando finalice su contrato de trabajo. Es lo que se denomina "un sistema de inmigración circular". Según Hernando, los populares consideran que el modelo actual incentiva la entrada de personas "sin cumplir los requisitos" necesarios, y fomenta la inmigración ilegal.

“La inmigración circular nos preocupa porque el sistema resta derechos a las personas”, responde Paspuel, que subraya que “experiencias de otros países como Alemania o Inglaterra han fracasado”. La mayoría de los inmigrantes, cuando llegan a un país, se asientan y se quedan, como es el caso de la población turca en Alemania, relata el presidente de Rumiñahui por teléfono, antes de añadir que lo peligroso es no hacer un proceso de integración plena, laboral, política y social.

El PP se propone además crear "un nuevo visado temporal de búsqueda de empleo" con el que será imprescindible haber llegado al país para poder acceder posteriormente a la regularización. Hernando asegura que "al menos desde 2005, alrededor del 60% de los inmigrantes que se han regularizado entraron en España con un permiso turístico". Este visado se conseguiría solo si pueden probar que tienen un contrato en origen o una oferta de empleo. Paspuel insiste, sin embargo, en que la mayoría de los extranjeros que llega ahora a España, que son cada vez menos, lo hace “necesariamente con visado de trabajo”.

Si trascurrido un tiempo el inmigrante no consigue el empleo, el PP plantea que deberá regresar a su país, aunque según Hernando, conservará el permiso de residencia para que si vuelve a encontrar empleo "regrese tranquilamente sin ningún trámite burocrático". El sistema se basará en las listas del INEM de ocupaciones de difícil cobertura, aunque los puestos solo se pondrán a disposición de extranjeros cuando ningún español cubra la vacante. Hernando ha señalado que en profesiones como la de temporero, es decir, trabajos temporales en la agricultura, siempre hay demanda de obra de mano extranjera.

"Pedimos otras alternativas que permitan que España sea un país progresista, que salga adelante, como hemos venido haciendo, participando de todos los procesos políticos, económicos y sociales. Hoy más que nunca, en la crisis, debemos trabajar como un solo hombre para sacar adelante el país", solicita Gilberto Torres, de FERINE.

Rajoy promete ser implacable con la inmigración

Coincidiendo con la llegada de un nuevo cayuco con 130 subsaharianos, Mariano Rajoy “arribó” ayer a las costas canarias. No había mejor escenario para hablar de inmigración y Tenerife recogió sus primeras palabras en este sentido.

El líder del PP prometió que en este tema será “implacable”. Además, señaló que, tras hablarlo con Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, esperaba que la Unión Europea también lo fuera.

El candidato conservador no sólo pidió mano dura contra la inmigración ilegal sino también para las mafias, a las que definió como “los negreros del siglo XXI”. Rajoy defendió su contrato de integración, ese que tanto “me han criticado” porque en Francia, Reino Unido, Bélgica y Holanda lo han puesto en marcha. Y mientras ayer académicos denunciaban en un manifiesto que sus propuestas electorales incitaban al racismo, el líder del PP se resistía diciendo que “no se puede despachar al que dice cuatro verdades diciendo que es un xenófobo”.

Como lleva haciendo desde la precampaña, el jefe de la oposición reclamó que todos los extranjeros que vengan a nuestro país tengan “los mismos derechos y oportunidades que los españoles, pero también “los mismos deberes y obligaciones”. Pero al tiempo que presentaba a los inmigrantes como “seres humanos”, los culpaba de saturar los servicios públicos. Por eso, y dejando a un lado la solidaridad, reclamó que “los derechos de uno nunca pueden perjudicar a los de los demás”.

Apelando a “la concordia y a la moderación” volvió a poner de ejemplo a los gallegos, que tuvieron que abandonar su tierra para ganarse la vida, para declarar que está a favor de la inmigración si tiene “orden, control y ley” pero no cuando “esto se convierte en una pesadilla”.

Rajoy también recordó a las cuatro mujeres que fueron asesinadas hace dos días. Hizo una condena expresa de lo sucedido, “como cualquier persona decente y normal”.

Pero sus buenas intenciones se trastocaron cuando aprovechó sus muertes para criticar al Gobierno. “No llega con una ley. Se necesitan juzgados, policías y medidas preventivas”, reclamó. “Me ocuparé de este asunto, no voy a pasar por ahí y seré implacable y absolutamente contundente”, dijo presentando abiertamente cuáles van a ser sus cartas para resolver los problemas de los ciudadanos una vez llegue al poder
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La UE prohibirá la contratación púlbica con empresas que no cumplan la LISMI

La Unión Europea ha prohibido la contratación de servicios públicos o recepción de ayudas o subvenciones a aquellas empresas que no cumplan la LISMI.

Con la nueva normativa se pretende que las Administraciones verifiquen u obtengan alguna certificación de que las empresas cumplen con la LISMI.

España ha adaptado dicha normativa europea en la Ley 26/2011, de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se modifica la Ley de Contratos del Sector Público en el sentido de que los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares puedan exigir a los licitadores la presentación de un certificado que acredite el cumplimiento por las empresas licitadoras de la obligación de reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad o del cumplimiento de las medidas alternativas.

Hasta la fecha todos los contratos públicos ya exigían dicho cumplimiento; sin embargo, debido a que la gestión de las políticas de empleo y por tanto la gestión de los centros especiales de empleo están cedidas a las comunidades autónomas, no existe un sistema unificado de comprobación del cumplimiento de la LISMI.

Las distintas Adiministraciones se limitaban a solicitar una declaración jurada por parte del administrador de la empresa de que se cumple con la LISMI y no se verifica nada más. Tampoco hay recursos para solicitar toda la documentación justificativa de la misma: contratos, TCs, certificados de discapacidad, contratos con CEEs,…

Esta nueva legislación abre la posibilidad de reclamación a las Administraciones sobre dichas justificaciones con el fin de invalidar o reclamar sobre contrataciones públicas concedidas a empresas competidoras.

Situación

La LISMI fue el marco legal creado en España en 1982 siendo pioneros en la materia… pero realmente ¿Cómo estamos en España?

1.       Cumplimiento de la LISMI

2.      Inspecciones y Sanciones

3.      La Administración: ¿único culpable?

Cumplimiento de la LISMI

En España NO se realizan estudios por entidades independientes de forma periódica. La mayoría de informes relacionados con el tema parten de Fundaciones y Entidades que difícilmente podrían ser objetivas porque son parte involucrada en el sistema de formación e inserción laboral de personas discapacitadas.

Algunos informes independientes (cronológicamente ordenados):

2010. Informe IBEX 35: 2010 DisCert España.
“Sólo el 17% de las empresas del IBEX35 presenta información en sus memorias.”

2008. Informe Equipara.
“Un 82% de las empresas conoce la LISMI. Un 75% de las empresas dice tener a personas discapacitadas contratadas, pero sólo un 14% cumple con la LISMI”.

2008. Informe Discapnet.
“Más del 86% de las empresas españolas no cumplen con la LISMI.”

Inspecciones y sanciones

En 2009 se hicieron 16.000 inspecciones en España sobre el cumplimiento de la LISMI y fueron sancionadas 4.000 empresas (un 25% del total) aunque se pidió más información a unas 4.500 empresas más por falta de documentación. En total un 60% de las empresas presentaron algún tipo de incidencia.

El Ministerio de Trabajo no informa de los importes totales en sanciones ni tampoco hace públicas las empresas inspeccionadas.

La Administración: ¿único culpable?

La Administración tiene la función de:

§  Hacer que las empresas obligadas cumplan con la LISMI

§  Asegurarse que las empresas a las que contrata servicios o aporta subvenciones / ayudas cumplen con la LISMI

Aunque, según los distintos estudios los principales argumentos de las empresas para no cumplir la LISMI son:

§  Dificultad para encontrar a personas (con discapacidad) válidas (76%)

§  Dificultad para realizar adaptaciones del puesto de trabajo (34%)

§  Complejidad burocrática (5%)

…. pero entonces porque no funcionan las medidas alternativas?

§  El 48% de las empresas no sabe lo que son ni cómo puede aplicarlas

Las empresas necesitan ser más responsables socialmente, por voluntad propia, y no sólo ir a cumplir la ley (de mínimos).

3. RSE.- Las administraciones públicas podrán exigir el cumplimiento de la LISMI en los procedimientos de contratación

Las administraciones públicas españolas podrán exigir a las empresas el cumplimiento de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi) o el cumplimiento de las medidas alternativas en los pliegos de los concursos públicos.

Con la entrada en vigor de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se modifica la Ley de Contratos del Sector Público en el sentido de que los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares puedan exigir a los licitadores la presentación de un certificado que acredite el cumplimiento por las empresas licitadoras de la obligación de reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad o del cumplimiento de las medidas alternativas.

Esta es una de las principales cláusulas reclamadas por el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable que tiene como objetivo la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de contratación pública.

De esta forma la ley 30/2007, que regula la contratación pública, incluye un nuevo artículo 70 bis en el que se afirma que los órganos de contratación ponderarán, en los supuestos en que ello sea obligatorio, que los licitadores cumplan lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, relativo a la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes .

A tal efecto y, en su caso, los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán incorporar en la cláusula relativa a la documentación a aportar por los licitadores, la exigencia de que se aporte un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas .

Camps: «Es todo un montaje.» Hostia, pues está montado cojonudamente, ¿eh?

Valencia. -- Sigue el juicio del caso Gürtel, pero no evoluciona. Nos llegan noticias de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, institución por la que pasan más políticos locales que por la cafetería de la Generalitat, pero las posiciones están enrocadas. En la primera sesión, Francisco Camps habló poco. Y no es que no se le diera la palabra: es que la estrategia de la defensa consistió en no responder. Lo cual parece un plan muy inteligente cuando tu postura pública es que todas las acusaciones falsas y no tienes nada que esconder. «No tengo nada que esconder, pero no contestaré ninguna pregunta. Por si me se malinterpreta.» Pues brillante estrategia defensiva, camarada. Joder, es que ni Kasparov. Y la lumbrera de abogado que ha pensado esa memez, cobrará poco, ¿verdad? Ah, cobra en trajes. Pues nada, que se los ha ganao.

La segunda sesión: Camps ha abierto ese pico de oro que tiene al electorado valenciano chorreando ingle abajo desde principios de siglo, y ha soltado perlas: «No he pedido nunca tíquet de nada, ni cuando he cogido taxis ni cuando voy a comer a restaurantes con amigos», porque esta petición suele hacerla gente que busca una «desgravación de tipo fiscal» o alguien que «cobre dietas». Dígalo claro, señor Camps: porque ir pidiendo el tíquet por cualquier mierda, aparte de irritante para los que detrás haciendo cola en la caja, es de pobre. Sí señor, de pobretón de los de «eh, que yo pago autónomos», y de no tener clase. Un presidente pidiendo tíquets sería lo último ya. Y menos por unos trajes regalados. Eso de «tienes el tíquet, por si hay que cambiarlo» es de no tener finesse. De un president valencià esperamos más. También ha dicho Camps, por cierto, que no paga nunca con tarjeta. Normal: ¿quién no lleva nunca un billetito de 500 euros suelto en cada bolsillo? Pues los pobretones, como de costumbre. Hostia, a ver si aprendéis que Camps está a otro nivel, pulgosos.

Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV y diputado de las Cortes Valencianas, también ha hablado. Que sí, que conocía al famoso Bigotes e incluso fueron amigos, pero no sabía que su propia administración le adjudicaba contratos. Del palo «¿Y qué, van bien los negocios?», «Coño, ya lo creo, gracias a ti»; pero lo de «gracias a ti» no llegaba nunca a salir a colación. AFrancisco Correa, otro de los imputados, no le conoce. Hay una conversación grabada entre ellos, pero volvemos a la estrategia del superabogado: es que es todo un montaje. Miren, señores: si la mitad de lo que se les acusa es cierto, ya es para quitarse el sombrero de lo bien montado que lo tenían. Si encima hay un montaje de sus enemigos aparentando ese montaje suyo... Ya es de Oscar. Oscar al mejor montaje. Mira y aprende, Oliver Stone.